Chile se encuentra nuevamente ante una decisión económica capaz de marcar a varias generaciones. El Gobierno de José Antonio Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentan su reforma tributaria como una herramienta para recuperar el crecimiento, atraer inversiones y generar empleo. Sin embargo, detrás de ese lenguaje técnico existe una decisión política concreta: reducir gradualmente el impuesto corporativo desde el 27 % hasta el 23 %.

Esa reducción no es una cifra abstracta escrita en una planilla. Significa que una proporción mayor de las utilidades permanecerá en manos privadas y que una proporción menor ingresará al presupuesto público. Significa reducir la capacidad del Estado para financiar hospitales, escuelas, universidades, becas, vivienda, pensiones, alimentación infantil, ciencia, cultura, deporte y desarrollo regional.

REDUCIR EL IMPUESTO EMPRESARIAL DEL 27 % AL 23 % ES UNA DECISIÓN POLÍTICA, NO UNA SIMPLE CORRECCIÓN TÉCNICA

El Gobierno afirma que una tributación empresarial menor estimulará la inversión, generará empleo y finalmente aumentará la recaudación mediante un mayor crecimiento. Pero ese resultado no está garantizado. La rebaja produce efectos fiscales concretos antes de que las inversiones prometidas, si efectivamente llegan, comiencen a generar nuevos recursos.

Mientras el Ejecutivo espera una futura reacción favorable de los mercados, los hospitales necesitan medicamentos, especialistas, pabellones e instrumental ahora. Las familias necesitan viviendas ahora. Los estudiantes requieren becas, alimentación y materiales durante el presente año. Los jubilados necesitan comer, pagar servicios y comprar medicamentos todos los meses.

JORGE QUIROZ Y EL GOBIERNO DE JOSÉ ANTONIO KAST DEBEN RESPONDER POLÍTICAMENTE ANTE CHILE

Esta crónica sostiene que Jorge Quiroz y el Gobierno de José Antonio Kast deben enfrentar una investigación parlamentaria profunda, fiscalización pública y un debate nacional sobre su responsabilidad política. No se trata de declarar anticipadamente una condena constitucional, sino de exigir que el ministro explique quiénes resultarán beneficiados, cuánto dejará de recaudar el Estado, qué compensaciones existen y cuáles derechos sociales quedarán expuestos.

Un ministro de Hacienda no puede ofrecer ventajas tributarias permanentes al gran capital sin identificar públicamente quién asumirá el costo. Tampoco puede esconder detrás de expresiones como competitividad, certeza jurídica, confianza inversionista o disciplina fiscal una transferencia de recursos que afectará directamente a la ciudadanía.

EL COSTO FISCAL NO PUEDE OCULTARSE DETRÁS DE PROMESAS DE CRECIMIENTO FUTURO

Las evaluaciones realizadas durante la tramitación han advertido que las medidas compensatorias no cubren completamente el costo de las rebajas y que los efectos negativos sobre el balance fiscal podrían extenderse durante varios años. Por eso, cualquier cifra debe presentarse como una estimación dependiente del texto finalmente aprobado, de la actividad económica, de las utilidades empresariales y de la recaudación real.

La cifra de US$2.500 millones utilizada en el debate debe entenderse como una referencia aproximada sobre la magnitud potencial del impacto y no como una pérdida matemática idéntica durante todos los años. Lo esencial permanece: una reducción de esta dimensión obliga al Gobierno a explicar con absoluta claridad cómo reemplazará los ingresos y quién pagará la diferencia.

Una proyección meramente ilustrativa de US$2.500 millones durante diez años equivaldría a US$25.000 millones; durante veinticinco años llegaría a US$62.500 millones. No constituye una proyección fiscal oficial, porque la economía y las leyes cambian, pero permite comprender la enorme magnitud de los recursos que pueden quedar comprometidos.

¿DÓNDE ESTÁ EL ROL DEL ESTADO CUANDO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SE CONVIERTEN EN PRIVILEGIOS?

El Estado no existe únicamente para garantizar contratos, proteger inversiones y asegurar la rentabilidad de los grandes grupos económicos. Su primera obligación es garantizar la dignidad de la población: salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad social, protección de la infancia y una vejez que no condene a nadie a la miseria.

Cuando una familia debe esperar meses para conseguir una consulta con un especialista o cerca de un año para una operación, el problema no es una simple estadística. Es dolor, angustia, pérdida de ingresos, enfermedad que avanza y una persona que ve deteriorarse su calidad de vida mientras el sistema le exige paciencia.

LISTAS DE ESPERA, OPERACIONES POSTERGADAS Y PACIENTES ABANDONADOS

Al cierre de 2025, la mediana de espera informada oficialmente llegó aproximadamente a 226 días para consultas de especialidad y a 251 días para intervenciones quirúrgicas no GES. Aunque esas cifras representan una mejora frente a periodos anteriores, continúan siendo intolerables para miles de pacientes y familias.

Detrás de esas cifras existen hospitales que requieren personal, medicamentos, jeringas, camas, instrumental, tecnología, pabellones, ambulancias e infraestructura. El Estado no puede responder a esa emergencia reduciendo permanentemente la tributación de las grandes empresas y esperando que el mercado resuelva algún día lo que la población necesita hoy.

Una persona que espera una cirugía no puede alimentarse de promesas sobre el crecimiento futuro. Necesita exámenes, especialistas, medicamentos y una fecha segura. Cuando la enfermedad avanza durante la espera, la omisión institucional puede producir daños irreversibles.

NO SE PUEDE REBAJAR EL IMPUESTO AL GRAN CAPITAL MIENTRAS LOS HOSPITALES PIDEN RECURSOS

Cada peso que el Gobierno deja de recaudar debe explicarse frente a los pacientes. Debe decirse cuántas consultas, ambulancias, camas, tratamientos, jeringas, medicamentos y operaciones podrían financiarse con esos recursos.

No basta con prometer que la inversión futura compensará la pérdida. Los hospitales necesitan recursos hoy. Los pacientes necesitan operaciones hoy. Las escuelas necesitan profesores y materiales hoy. Las familias necesitan viviendas hoy.

BECAS, EDUCACIÓN, VIVIENDA Y ALIMENTACIÓN INFANTIL NO SON GASTOS PRESCINDIBLES

La rebaja tributaria empresarial también debe compararse con las necesidades de niños, jóvenes y familias. El dinero que deja de ingresar al Estado puede traducirse en menos becas, menos infraestructura escolar, menos profesores, menos alimentación estudiantil, menos viviendas sociales y menos apoyo para hogares vulnerables.

El Gobierno no puede pedir austeridad a quienes ya viven con lo mínimo mientras ofrece alivio tributario a quienes concentran las mayores utilidades. Los derechos sociales no pueden convertirse en la variable de ajuste utilizada para financiar privilegios empresariales.

Cuando se debilitan la salud, la educación, la vivienda, la cultura, la ciencia y la alimentación escolar, no se están reduciendo simples números presupuestarios. Se están reduciendo oportunidades, derechos y posibilidades de desarrollo humano.

CUARENTA O CINCUENTA AÑOS DE TRABAJO NO PUEDEN TERMINAR EN UNA PENSIÓN DE MISERIA

Chile prometió que el sistema de capitalización individual administrado por las AFP garantizaría propiedad sobre los ahorros, seguridad financiera y una vejez digna. Después de décadas, numerosos jubilados dependen de ingresos incapaces de cubrir arriendo, alimentación, medicamentos, transporte y servicios básicos.

La Pensión Garantizada Universal supera ligeramente los 230.000 pesos mensuales. Dependiendo del tipo de cambio, representa poco más de doscientos dólares. Ese monto no permite pagar por sí solo un arriendo en la mayoría de las ciudades chilenas y mucho menos sostener todas las necesidades de una persona mayor.

No todas las pensiones chilenas tienen exactamente ese valor. Pero la existencia de cientos de miles de adultos mayores dependientes de ingresos previsionales insuficientes demuestra que el sistema no garantiza una vida digna para todos.

LAS AFP PROMETIERON PROSPERIDAD Y ENTREGARON INCERTIDUMBRE

Los trabajadores entregaron cuarenta o cincuenta años de esfuerzo. Construyeron empresas, hospitales, escuelas, carreteras, puertos, industrias, ciudades y riqueza nacional. Sin embargo, al terminar su vida laboral, demasiados reciben una pensión incapaz de garantizar la supervivencia básica.

Las administradoras cobraron comisiones, gestionaron fondos gigantescos y alimentaron el mercado financiero. Pero cuando las pensiones resultaron insuficientes, el Estado tuvo que intervenir mediante la PGU y otros beneficios para impedir que miles de adultos mayores cayeran completamente en la pobreza.

El pueblo cotiza, las AFP administran y el presupuesto público termina pagando la insuficiencia. Esa no es la superioridad del mercado. Es una transferencia del riesgo hacia los trabajadores y hacia el propio Estado.

MÉXICO MANTIENE UN IMPUESTO EMPRESARIAL DEL 30 %: ¿POR QUÉ CHILE DEBE BAJAR DEL 27 % AL 23 %?

México mantiene una tasa general del impuesto empresarial del 30 %. Es una de las principales economías latinoamericanas, comparte una extensa frontera con Estados Unidos, participa intensamente en el comercio internacional, exporta productos industriales y continúa recibiendo inversiones.

México todavía recauda menos impuestos, como proporción de su economía, que el promedio de la OCDE y conserva graves desigualdades. Su sistema no es perfecto. Pero destruye el argumento de que una tasa empresarial mayor hace imposible producir, exportar, comerciar o atraer capitales.

Si México puede mantener una tasa del 30 %, Chile debe explicar por qué pretende reducir la suya desde el 27 % hasta el 23 %, especialmente cuando existen necesidades urgentes en salud, educación, vivienda, pensiones y protección social.

LÓPEZ OBRADOR FUE LLAMADO “COMUNISTA”, “SOCIALISTA” Y “POPULISTA”, PERO CAMBIÓ LA PRIORIDAD DEL ESTADO

Cuando Andrés Manuel López Obrador propuso elevar el salario mínimo, aumentar las pensiones, extender las becas, apoyar a jóvenes, campesinos, adultos mayores y personas con discapacidad, sus adversarios lo acusaron de comunista, socialista, populista y enemigo de la inversión.

Los mismos sectores que durante décadas defendieron salarios bajos, privatizaciones y privilegios para las élites aseguraron que aumentar los ingresos del pueblo destruiría la economía. Los hechos demostraron que ese dogma era falso.

PROGRAMAS SOCIALES PARA MILLONES DE HOGARES Y 13,4 MILLONES DE PERSONAS FUERA DE LA POBREZA

Al concluir el Gobierno de López Obrador, las autoridades mexicanas destacaban un alcance cercano a 30 millones de hogares o familias mediante distintos programas sociales, entre ellos pensiones para adultos mayores, becas, apoyos para personas con discapacidad, programas juveniles, ayudas agrícolas y transferencias directas.

Esa cifra no significa que treinta millones de personas hayan abandonado la pobreza. La reducción oficialmente comunicada entre 2018 y 2024 fue de aproximadamente 13,4 millones de personas. Continúa siendo una de las disminuciones más importantes registradas en la historia reciente de México.

Los millones de mexicanos que necesitaron apoyo no llegaron a la pobreza por falta de voluntad individual. Fueron empujados hacia ella después de décadas de salarios extremadamente bajos, abandono rural, privatizaciones, precariedad laboral, corrupción y políticas orientadas prioritariamente hacia las élites.

LOS GOBIERNOS NEOLIBERALES PRODUJERON POBREZA; LÓPEZ OBRADOR UTILIZÓ EL ESTADO PARA COMBATIRLA

López Obrador trató la pobreza como una responsabilidad pública y como el resultado de una estructura económica desigual. Una proporción mayor del presupuesto comenzó a llegar directamente a adultos mayores, estudiantes, jóvenes, campesinos, pequeños productores, personas con discapacidad y familias populares.

La política social no resolvió todos los problemas mexicanos. Persisten violencia, desigualdad, informalidad, carencias sanitarias y conflictos ambientales. Pero demostró que el presupuesto público puede utilizarse para mejorar directamente la vida del pueblo y no solamente para rescatar bancos, grandes empresas o acreedores.

Quienes durante años empobrecieron a México acusaron de irresponsabilidad a un Gobierno que aumentó salarios y amplió derechos. Sin embargo, el país no desapareció, el comercio exterior continuó y millones de personas mejoraron sus ingresos.

SUBIR EL SALARIO MÍNIMO NO DESTRUYÓ MÉXICO: DESTRUYÓ UN DOGMA NEOLIBERAL

Durante décadas, sectores empresariales y economistas neoliberales afirmaron que elevar sustancialmente el salario mínimo provocaría inflación descontrolada, desempleo, cierre de empresas y colapso económico. López Obrador desafió esa doctrina y convirtió la recuperación salarial en una prioridad.

El salario mínimo mexicano aumentó de manera extraordinaria durante su Gobierno y Claudia Sheinbaum ha continuado esa orientación. La economía no colapsó, las empresas no abandonaron masivamente el país y el comercio con Estados Unidos siguió funcionando.

Cuando el salario aumenta, las familias pueden consumir más, el comercio interno se fortalece y una parte mayor de la riqueza regresa a quienes la producen. Lo que se debilitó fue uno de los principales dogmas neoliberales: la idea de que mejorar la vida de los trabajadores necesariamente destruye el empleo.

CON EL PUEBLO TODO; SIN EL PUEBLO, NADA

Ese principio representa la diferencia entre dos modelos políticos. En México, el Estado aumentó salarios y amplió transferencias sociales. En Chile, el Gobierno de Kast y Quiroz pretende entregar una reducción tributaria permanente al gran capital mientras exige austeridad al resto de la sociedad.

Una economía no puede medirse solamente por las ganancias empresariales, la cotización de la bolsa o la confianza de los mercados. Debe medirse por la capacidad de una familia para alimentarse, pagar una vivienda, estudiar, acceder a medicamentos y vivir una vejez digna.

MÉXICO REFORZÓ EL CONTROL SOBRE LOS AGENTES EXTRANJEROS Y DEFENDIÓ SU SOBERANÍA

Durante el Gobierno de López Obrador, México reformó su legislación para imponer mayores controles sobre los agentes extranjeros. No expulsó totalmente a la DEA ni eliminó toda cooperación con Estados Unidos, pero intentó limitar la actuación unilateral de agencias extranjeras y exigir autorización, información y responsabilidad jurídica.

La soberanía no consiste solamente en defender las fronteras. También significa decidir quién opera dentro del territorio, quién reúne información, quién interviene en investigaciones y quién condiciona las decisiones nacionales.

DESPUÉS DE DENUNCIAR FRAUDES, MANIPULACIÓN E INEQUIDAD, LÓPEZ OBRADOR GANÓ Y CAMBIÓ LA ORIENTACIÓN DEL ESTADO

López Obrador y su movimiento denunciaron durante años fraude, inequidad electoral, campañas de miedo, intervención empresarial y manipulación mediática, especialmente después de los procesos de 2006 y 2012.

En 2018 obtuvo una victoria amplia. Su llegada al Gobierno representó el rechazo de millones de mexicanos a décadas de corrupción, privatización, salarios bajos y subordinación económica.

CHILE NO PUEDE REPETIR LA RECETA DE LOS CHICAGO BOYS

La doctrina neoliberal aplicada durante la dictadura chilena promovió privatizaciones, debilitamiento sindical, mercantilización de la salud y la educación, capitalización individual de las pensiones y entrega de sectores estratégicos al capital privado.

Hoy esa receta utiliza expresiones más elegantes: competitividad, flexibilización, certeza jurídica, disciplina fiscal, modernización y confianza inversionista. Pero para el pueblo puede significar lo mismo: menos derechos, servicios más caros, salarios insuficientes y concentración creciente de la riqueza.

Las AFP son una de las expresiones más claras de ese modelo. Fueron presentadas como una solución técnica moderna, pero millones de trabajadores descubrieron que después de décadas de cotización la pensión podía resultar insuficiente para sobrevivir.

MENTIR EN CAMPAÑA TAMBIÉN EXIGE RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Un Gobierno no puede pedir votos prometiendo recuperación nacional, seguridad económica, crecimiento y bienestar, y después gobernar prioritariamente para los grandes contribuyentes, los inversionistas y los grupos financieros.

Cuando las promesas electorales son sustituidas por rebajas tributarias empresariales, recortes presupuestarios y debilitamiento del papel social del Estado, la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones, fiscalización parlamentaria y responsabilidad política.

JUICIO POLÍTICO A JORGE QUIROZ: CHILE DEBE INVESTIGAR QUIÉN GANA, QUIÉN PAGA Y QUIÉN ENTREGA LA SOBERANÍA

Jorge Quiroz debe explicar públicamente por qué propone reducir el impuesto empresarial del 27 % al 23 %; cuánto dejará de recaudar realmente el Estado; qué recursos reemplazarán esa pérdida; qué grupos económicos serán beneficiados; y qué programas sociales quedarán expuestos.

José Antonio Kast y el conjunto de su Gobierno también deben responder, porque el ministro no actúa de manera aislada. El Presidente define, respalda y conduce la política económica del Ejecutivo.

Esta crónica plantea el juicio político como una exigencia editorial de investigación, fiscalización y rendición de cuentas. Corresponderá al Congreso determinar si existen causales constitucionales. Pero Chile no puede aceptar que una reforma de esta magnitud avance sin un examen completo de sus consecuencias fiscales, sociales y soberanas.

CHILE NO PUEDE ENTREGAR SU SOBERANÍA FISCAL A LAS GRANDES ÉLITES

La soberanía no consiste solamente en controlar las fronteras. También significa disponer de recursos suficientes para financiar hospitales, escuelas, universidades, pensiones, vivienda, ciencia, cultura y desarrollo regional.

Un Estado que reduce permanentemente la tributación del gran capital pierde capacidad para decidir su futuro. Se vuelve más dependiente de la deuda, de los inversionistas, de las agencias financieras y de los mercados internacionales.

EL GOBIERNO NO NECESITA RECIBIR UNA ORDEN ESCRITA DE WASHINGTON PARA APLICAR UNA AGENDA FUNCIONAL A SUS INTERESES

No existe una prueba pública que demuestre una orden directa de Washington al Gobierno chileno. Pero la alineación política puede evaluarse mediante las medidas concretas: reducción tributaria, desregulación, protección del capital y debilitamiento del Estado social.

Basta observar quién gana con la rebaja, quién recibe las garantías, quién controla los capitales y quién debe pagar la pérdida fiscal. Cuando las decisiones favorecen sistemáticamente a las élites y reducen la soberanía económica, el resultado puede ser una subordinación política aunque no exista una instrucción firmada.

EL COBRE, EL LITIO, EL AGUA Y LA ENERGÍA DEBEN SERVIR AL PUEBLO CHILENO

Chile posee cobre, litio, energía, agua, recursos pesqueros, agricultura, infraestructura y trabajadores altamente capacitados. No existe una razón natural para mantener pensiones miserables, hospitales colapsados, familias sin vivienda y estudiantes endeudados.

El problema no es la falta de riqueza. El problema es quién la controla, quién negocia los contratos, quién recibe sus beneficios y quién soporta las pérdidas.

La soberanía sobre el cobre y el litio no puede reducirse a permitir la extracción mientras las mayores ganancias terminan fuera del país. Los recursos nacionales deben financiar industrialización, conocimiento, hospitales, educación, vivienda, pensiones y desarrollo regional.

LA RIQUEZA DE CHILE DEBE FINANCIAR LA VIDA DEL PUEBLO, NO LOS PRIVILEGIOS DE UNA MINORÍA

Después de cuarenta o cincuenta años de trabajo, ninguna persona debería recibir una pensión incapaz de cubrir sus necesidades básicas. Después de décadas de crecimiento económico, ningún paciente debería esperar indefinidamente una operación. Después de prometer bienestar, ningún Gobierno debería reducir los impuestos del gran capital y trasladar la factura hacia la ciudadanía.

El rol del Estado es proteger al pueblo, garantizar derechos, corregir las desigualdades y defender los recursos nacionales. Cuando abandona esas obligaciones y se transforma únicamente en administrador de los intereses privados, deja desprotegida a la mayoría.

POR ESO CHILE DEBE EXIGIR INVESTIGACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Jorge Quiroz y el Gobierno de José Antonio Kast deben enfrentar una investigación política profunda. Chile merece conocer si su reforma busca fortalecer realmente al país o consolidar otra transferencia de riqueza desde el pueblo hacia las élites.

La riqueza nacional debe financiar la dignidad de quienes construyeron Chile, no los privilegios de quienes siempre han ganado con su esfuerzo.

El juicio político que Chile necesita no es solamente contra una persona. Es también contra una estructura económica que durante décadas ha tratado al pueblo como una fuente de sacrificios y al país como una reserva de negocios privados.

Chile debe decidir si continuará reduciendo el papel del Estado, privatizando beneficios y socializando pérdidas, o si recuperará la soberanía fiscal, productiva y política necesaria para garantizar salud, educación, vivienda, pensiones y dignidad.

CERRAR CRÓNICA